Cuestión de porte
Por Horacio Verbitsky
La modificación del régimen de emisión de los documentos necesarios para el transporte de granos implicará un ahorro para los productores de unos 200 millones de pesos al año, que el gobierno nacional computa entre las medidas de estímulo adoptadas, junto con la declaración de la Emergencia Agropecuaria. La nueva reglamentación, en la que trabajan la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria (Oncca), permitirá obtener la carta de porte por Internet, con el único requisito de la clave fiscal, lo cual impedirá que sigan usándose para eso a monotribustistas insolventes, como en el caso detectado en Río Cuarto. Una vez verificada la congruencia entre el número de cartas adquiridas y el tamaño de la explotación, el sistema informático responderá en pocos minutos con el número correspondiente a la carta de porte autorizada. El productor puede imprimirla en su casa, en un locutorio o en la entidad patronal a la que adhiera. Al contratar la carga le entrega el número al camionero. Cuando el transporte sale cargado, el productor o el camionero tienen que enviar un mensaje de texto a la AFIP o la Oncca, que podrá hacerse desde un teléfono celular. En respuesta recibirá un denominado Código alfanumérico de Trazabilidad, que quedará asociado en el sistema informático con los datos de la carga, del transporte y del destino. Los controles en la ruta serán realizados por la AFIP, la Oncca y las distintas fuerzas de seguridad. Por vía telefónica, informática o por mensaje de texto cotejarán esa carta de porte con la base de datos de la AFIP. Cuando el camión llega a destino, el responsable del acopio o el puerto de embarque debe informar por los mismos medios que recibió esa carga, con lo cual esa carta de porte se da de baja y termina el procedimiento. La suma que ahorrarán los productores fue informada por la Oncca y surge de multiplicar la cantidad de cartas de porte emitidas por su precio. Sin embargo, el cálculo no es exacto. Pese a que la carta de porte es desde hace años obligatoria para cualquier movimiento de granos, no hay un registro exacto ni de su cantidad ni de su precio. Se estima que el año pasado se vendieron entre 9 y 12 millones. Su precio oficial era de 18,91 pesos, de los cuales el Estado recibía 10 pesos y los intermediarios 8,91. Pero según denuncias de productores las cámaras patronales a las que Menem y Cavallo entregaron la concesión de venta en 1992, las federaciones Agraria y de Acopiadores, argumentaban escasez y elevaban los precios. En algunos casos registrados por la Oncca se pagaron 60 y 120 pesos por cada una. Las denuncias de los chacareros sostienen que con la abultada diferencia la Federación Agraria había establecido una mesa de dinero que, además de esos recursos, recibía fondos de otros inversores, en una operatoria que funcionaba en negro, sin ningún control oficial. Según el ex titular de la Oncca y actual director de la AFIP, Ricardo Echegaray, el sistema anterior basado en el papel permitía la emisión de cartas de porte sin autorización del ente recaudador, la venta no declarada, la falsificación y el uso de una misma carta en varias operaciones.
El Movimiento Campesino Liberación, que se opone a Buzzi dentro de su organización, negó que los ingresos que percibía la Federación Agraria por la Carta de Porte cubrieran el 20 por ciento de su presupuesto anual y sostuvo que según los balances publicados “el 75 por ciento de los ingresos provienen de esa vía”.
Un comunicado del MCL firmado por su fundador José Luis Livolti sostiene que Eduardo Buzzi y sus compañeros están preocupados por “los tiempos de vacas flacas en la entidad: no más hoteles caros, departamentos alquilados en Buenos Aires y Rosario, autos 0 kilómetro en leasing, asignaciones de hasta 12.000 pesos por mes para el comité de acción gremial (5 o 6 de los principales dirigentes de la FAA) ni viáticos sin límites”.
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